Desde abril de 2026 son exigibles las obligaciones generales que el artículo 6 de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, impone a los agentes de la cadena alimentaria. La ley se publicó en el BOE el 2 de abril de 2025 y estableció que esas medidas se aplicarían transcurrido un año desde la publicación.

Su objetivo es reducir el desperdicio alimentario mediante una gestión más eficiente de los recursos, aplicando una jerarquía de prioridades que antepone el consumo humano e impulsando la economía circular.

La ley estatal no fija un formato para el plan: cada empresa tiene libertad para elaborarlo, siempre que cumpla estas obligaciones.

  • Aplicar la jerarquía de prioridades (artículos 5 y 6.1). Primero, prevenir. Para los excedentes que no se hayan podido evitar, por este orden: donación y redistribución para consumo humano, alimentación animal, uso como subproducto en otra industria y, en último lugar, reciclado y valorización.
  • Disponer de un plan para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que contemple cómo se aplica esa jerarquía (artículo 6.4.a). Si la empresa opera en una comunidad autónoma con regulación propia, el plan debe recoger también sus requisitos.
  • Promover acuerdos o convenios de donación de los excedentes con entidades de iniciativa social, organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, salvo que resulte inviable y quede justificado (artículo 6.4.b).

Quién queda exceptuado

  • Las microempresas quedan excluidas de las obligaciones del artículo 6 (artículo 6.6).
  • Las actividades de transformación, comercio minorista, distribución, hostelería o restauración en establecimientos de 1.300 m² o menos quedan exceptuadas del plan y de los acuerdos de donación, pero no de aplicar la jerarquía de prioridades. Si varios establecimientos con el mismo NIF superan juntos los 1.300 m², sí están obligados (artículo 6.4.c).

Fases

  1. Comprobar si la norma aplica a la empresa, teniendo en cuenta las excepciones anteriores.
  2. Diagnóstico. Un diagnóstico inicial para conocer la realidad de la empresa: qué se tira, cuánto y por qué.
  3. Elaboración del plan. Se definen las medidas de cada fase para prevenir el desperdicio y, cuando sea inevitable, gestionarlo aplicando la jerarquía de prioridades, por ejemplo con donaciones.
  4. Implantación. El plan se documenta y se integra en los procesos operativos.
  5. Seguimiento. Se documentan los residuos generados y las medidas adoptadas, y se lleva registro de todo.

La ley tipifica como infracción grave no contar con el plan estando obligado a ello (artículo 20.2.b), con multa de 2.001 a 60.000 euros (artículo 21). Las comunidades autónomas pueden incrementar esos importes.

Un esquema para el plan

Como la ley no regula la forma del plan, cada empresa puede adaptarlo, añadir o quitar apartados, siempre que cumpla los requisitos obligatorios. Este es un esquema posible:

  1. Datos generales y alcance. Datos de la empresa (nombre, NIF, dirección, persona de contacto), una breve descripción de la actividad principal (por ejemplo, producción de quesos madurados: elaboración, maduración, envasado, etiquetado y expedición), las instalaciones incluidas en el plan (recepción de leche, cubas, cámara de salado, cámara de oreo, cámara de frío, sala de envasado, almacén de producto terminado…) y la persona responsable del plan, con su departamento y contacto.
  2. Diagnóstico y puntos críticos del desperdicio. Un resumen del proceso productivo y, en cada fase, los puntos críticos del desperdicio: posibles desperdicios generados, frecuencia y causa. Puede hacerse en un cuadro. Con esa información se cuantifica el desperdicio con una estimación anual (materia prima perdida, envases retirados, subproducto generado…) y se indica el destino de cada uno: valorización, reprocesado, residuo, donación o reaprovechamiento.
  3. Objetivos del plan. Los objetivos propios de cada empresa: reducir el desperdicio en determinadas fases, mejorar procesos críticos, aplicar la jerarquía de prioridades, mejorar la trazabilidad y el seguimiento…
  4. Medidas preventivas. Por un lado, las que previenen las pérdidas y el desperdicio, agrupadas por categorías (buenas prácticas en los procesos, envases, logística, formación, colaboración con proveedores o distribuidores), con una descripción de cada medida y del resultado conseguido. Por otro, las de valorización y redistribución (alimentación animal, subproductos, donación, residuos), valorando en qué medida puede aplicarse cada una.
  5. Indicadores y seguimiento. Indicadores concretos y medibles: porcentaje de producto desperdiciado al año, reducción respecto al año anterior, porcentaje de producto reprocesado, número de incidencias de envasado, número de acciones formativas… Los indicadores demuestran que el plan está en funcionamiento.